PODEMOS GRAN CANARIA, ANTE LA
REFORMA ELECTORAL DEL PP
Los resultados
electorales obtenidos por PODEMOS en los últimos comicios europeos, así como la
tendencia que se observa en los diferentes estudios de intención de voto que se
vienen realizando desde entonces, ponen de manifiesto que en el estado español,
también en Canarias, está teniendo lugar un transformador proceso sociológico,
que no sólo tiene traducción en una más que posible caída del bipartidismo,
sino en un claro empoderamiento activo y creciente de la ciudadanía, que puede
hacer saltar por los aires la inercia de un
modelo político caduco, ineficaz
y alejado de las necesidades de la mayoría social.
Las masivas
movilizaciones y la explosión del movimiento 15M sirvieron en su momento como
vehículo de expresión del hartazgo
ciudadano frente a las políticas anti personas que, en respuesta a la
crisis, desarrollaba entonces un gobierno del PSOE. Sin embargo, esa expresión rotunda en las
calles no tuvo las consecuencias
esperadas en las urnas en las inmediatas elecciones locales y autonómicas de
2011. El voto de castigo al partido del gobierno sin presencia de referencias
políticas alternativas y el consecuente aumento del abstencionismo, abrieron
las puertas a una desconcertante victoria de un Partido Popular que, de forma
generalizada, obtenía mayorías absolutas en las instituciones de las
principales ciudades y en la práctica totalidad de los parlamentos
autonómicos. El PP, socio natural en la
alternancia, se vería refrendado nuevamente en las elecciones generales de ese
mismo año y con unos resultados que a la postre le servirían, no sólo para mantener la línea de recortes
del estado social y de derechos iniciada en la segunda legislatura del gobierno
de Zapatero, sino para profundizar en ella,
a golpe de rodillo y vía decretazos,
hasta el punto de arrastrarnos a una absoluta involución democrática y a
una sustracción de derechos sin precedentes.
Desde entonces, el PP se ha
enfrentado a la mayor, más continua,
transversal y extendida movilización
ciudadana de nuestra historia reciente, incluidas varias huelgas generales, a
la que ha respondido sistemáticamente desde el desprecio, esgrimiendo la
rotundidad de los resultados electorales obtenidos. Esos resultados,
interpretados como un cheque en blanco, le han permitido incluso pasar por
encima de los mayores escándalos de corrupción, como el caso Gúrtel o el caso
Bárcenas. Su incontestable representación en las Cámaras, unida a la ausencia
de las necesarias herramientas revocatorias
en un régimen jurídico heredado
de la transición, le van a permitir
agotar la legislatura, aunque sea
atrincherados y siempre parapetados en la legitimidad otorgada por las
urnas.
Pero el orden
de las cosas ha cambiado. La ciudadanía, sencillamente ha entendido que no
basta con la movilización, sino que debe convertir en opción de poder su
indignación y propiciar el necesario vuelco a través de los votos. Las
encuestan indican con claridad meridiana que aquellos resultados obtenidos por
el PP no volverán a darse, pero tampoco serán transferidos nuevamente a un
partido socialista que, a pesar de sus operaciones de maquillaje, no consigue
paliar el que está siendo y en buena lógica, el mayor episodio de descrédito de
su existencia como organización.
El Fondo Monetario
Internacional advirtió en 2013 que “el programa de reformas estructurales en España se enfrentaba a dos grandes
riesgos: las posibles revueltas generadas por la frustración ciudadana y, sobre
todo, la caída del bipartidismo”.
Ambos platos están servidos y el partido encaramado actualmente en el
poder tiene el encargo de retirarlos.
La reforma
electoral anunciada por el PP a escasos meses de las próximas elecciones
responde a ese encargo, pero además pretende desarrollarlo barriendo para casa,
planteando una fórmula que le permita teñir de azul mono-color el mapa
institucional del estado.
No es una
cuestión baladí: Mantener el control municipal significará, por una parte,
asegurar una de las más importantes fuentes de financiación irregular -por la
puerta de atrás- de una organización política
que se sabrá omnipresente y por tanto omnipotente, de la que dependerán
todas las maniobras y movimientos financieros, al tiempo que le permitirá
sustentar la fidelidad de sus redes clientelares. Por otra parte, El histórico poder municipal del que goza en la
actualidad ha sido uno de los pilares que ha sustentado la política de recortes
del PP en los últimos tres años: con esta reforma electoral no va a haber quien
los pare.
Además, la reforma
del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de la actividad de
los cargos públicos. No sólo imposibilitará en la práctica la presentación de
mociones de censura y la apertura de
procesos revocatorios sino que impedirá de facto el necesario control y la fiscalización de la actividad política.
La reforma del
Partido Popular se coloca incluso por encima de la reforma del
artículo 135 de la Constitución, porque
significa la imposición de una dictadura revestida de legalidad.
En respuesta a una
maniobra de tal calado, a una estafa democrática de tal magnitud, ni las
organizaciones democráticas y progresistas, ni la ciudadanía en general,
podemos responder desde la tibieza y la expectación pasiva. Es responsabilidad
de todas y todos enfrentarnos a una inmoralidad de tal magnitud que supondrá el
golpe definitivo al estado social, democrático y de derecho y estamos obligadas
y obligados a utilizar todas las herramientas democráticas a nuestro alcance
para evitarlo.
Canarias a 28 de
agosto de 2014
Círculo PODEMOS Gran
Canaria
