Todavía hoy se mantiene en mi retina la imagen del telediario de septiembre
de 2011 en la que Zapatero estrechaba triunfante la mano de Rajoy. Ambos,
sonrientes, anunciaban las bondades y beneficios que suponía para España la
reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Se pondría fin de una vez
por todas al desmedido gasto público en nuestro país y entraríamos en la senda
del crecimiento.
Los hasta entonces encarnizados
contrincantes políticos, siempre enfrentados y a la gresca, se abrazaban tiernamente
alabando las virtudes el uno del otro y pregonando las maravillas de ese nuevo
camino que se abría para conseguir
mejorar este país en beneficio de
todos los españoles.
Tres años después, el tiempo ha
venido a dibujarlos claramente como dos lobos con piel de cordero, salivando
ante el festín de víctimas que iban a dejar por el camino. En 2011, cuando se
cambió la Constitución, llevábamos
andados ya dos añitos de nuestra crisis, que había comenzado con la famosa la burbuja inmobiliaria y que continuó con el cierre del grifo de los créditos a empresas y
particulares, la retracción del consumo y de
la economía y, finalmente, con el aumento del enorme paro existente previamente,
el cierre de empresas y la normalización de los desahucios de familias humildes
atrapadas en esta espiral de crisis largamente planeada por los poderes
económicos. El expolio de lo público continuó con el rescate a la banca privada
-en 2012 el FMI exigía a Rajoy ese rescate- que fue pagado con el dinero de
todos los españoles. Hasta el momento, nuestro dinero regalado a la banca
asciende ya a 100.000 millones de euros.
En un nuevo avance de esta
depredación y ya con el nuevo articulito reformado, se procedió impunemente al
sacrificio del gasto de las cantidades que el estado invertía en la protección
y bienestar del ciudadano : sanidad,
educación, empleo, etc. Y es que
artículo 135 nos obligaba a atender antes que nada a la deuda externa, por encima
de las necesidades sociales de los ciudadanos. Una deuda que a día de hoy
resulta impagable y que consume un 96,80% de nuestro PIB (989.925 millones en
el primer trimestre de 2014). En pocas palabras, nos hemos convertido en un
calco del tipo de economía salvaje de
cualquier país latinoamericano de los años 70, una economía dedicada a saciar
a las empresas internacionales y a dejar
morir de hambruna a las personas. La soberanía no está ya en el Congreso -nunca
lo estuvo- ni mucho menos en los ciudadanos.
La soberanía reside ahora en el poder del dinero. Cuando el poder lo ostenta el
que posee el dinero, la democracia se ha transformado en plutocracia
He querido recordar la foto de ese
telediario de 2011 para que cualquiera que me lea permanezca atento a la
imagen que en pocos meses llenará
nuestras pantallas. Una vez más otra estampa del triunfo de la libertad en la
que Rajoy aparecerá exhibiendo los papeles
de la nueva Ley Electoral que nos anunciará más democracia. No pasará
mucho tiempo antes de ver retratado este momento, el calendario apremia y es
preciso reformar antes de que se celebren las próximas elecciones. Rajoy y su
partido, los corruptos por excelencia -no nos olvidemos de los sobres del PP, o
del SMS de Rajoy a Bárcenas al descubrirse el botín en Suiza "Luis, lo
entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré" entre otras cosas-, los autores de
la Ley Mordaza que penaliza las protestas con las que la ciudadanía quiere
manifestar su descontento y su deseo de cambio, los mayores depredadores del
sistema público español, los privatizadores, los creadores de la brecha social,
los indultadores de corruptos, en un arrebato de perroflautismo, piden ahora
mejorar la democracia por el bien de todos.
Pero, ¿Cual es la reforma que ellos
quieren?. El nuevo texto no ha sido elaborado todavía, pero las trompetas ya
anuncian la disminución del número de
concejales en los ayuntamientos y la imposibilidad de gobernar para aquellos
que no sean la lista más votada. La
primera de las modificaciones supondría que cada nuevo concejal costaría más
votos, la segunda cerraría el paso a gobiernos formados por pactos entre
partidos. Dos reformas que, sumadas a la injusta proporcionalidad de la Ley
D´Hont, añaden un nuevo obstáculo para que los partidos minoritarios accedan al
gobierno de los ayuntamientos.
¿Qué reformas de verdad necesita la
democracia?, de momento me limitaré a enunciar algunas propuestas que circulan
por la red y en diversos foros y asambleas; Normalización de las consultas
populares, obligatoriedad de atender las Iniciativas Legislativas Populares,
prohibición de sueldos a políticos (que no de dietas por reuniones),
eliminación de la proporcionalidad según la Ley D'Hont, modificación o
supresión del Senado, fin de los aforamientos, responsabilidad penal de los
políticos por las decisiones tomadas en la legislatura, representación del voto
en blanco como escaños vacíos en el parlamento, democracia on-line para acabar
con ese cheque en blanco de unas elecciones cada cuatro años....
Cuando ellos nos vengan a dar su
dosis de "más democracia" , saldremos a la calle a pedir no sólo una
parte, sino "TODA la democracia". El desesperado objetivo final de
esta reforma no es el de abrir las instituciones al pueblo, sino el de afianzar
el tambaleante totem del bipartidismo que representa a esta plutocracia y que
ahora mismo bascula a punto de caer. Por sus cimientos fluye imparable una
corriente que disolverá tarde o temprano
los pies de barro de este ídolo pagano, y es que el pueblo, harto ya de tanto
chorizo, ha decidido tomar con su voto las instituciones al asalto para darles
de una vez la honestidad, transparencia y claridad que los españoles nos
merecemos.
Pedro Romero
No hay comentarios:
Publicar un comentario